Médicos y personal docente del sector público se encuentran enfrascados en diferentes conflictos con el Principado saldados con diferentes huelgas. Independientemente de las razones de unos y otros, los resultados de esos conflictos aportan elementos para la reflexión.
Por ejemplo, en el caso de la huelga de Urgencias. Ésta registró un descenso de la asistencia al servicio del 20% sin que se hubiese producido una catástrofe. La cifra demuestra la necesidad de introducir reformas en un sistema que registra una espectacular bajada en su actividad sin que sus beneficiarios se resientan. Está claro que algo se debe arreglar. Pero no es el debate en el que ahora quiero entrar. Me fijo en otro tema: las demandas salariales de esos colectivos.
No cuestiono que se merezcan un salario digno y, posiblemente, mejoras. Pero no creo que en estos momentos de crisis deban salir a la calle con pancartas reclamando subidas que la mayor parte del sector privado no se puede permitir. Ellos, y también el gobierno, deberían ser más prudentes a la hora de hablar de dinero.
Porque es el sector privado quien, fundamentalmente, aporta el dinero para que la administración pública ofrezca empleo estable. Y, en estos tiempos, el sector privado congela sus sueldos, sufre regulaciones de empleo y afronta ajustes para garantizar la continuidad de las plantillas. Desde Daorje a Seat tenemos muchos ejemplos que poner.
Y ellos, esos colectivos de la administración pública, deberían ser más prudentes a la hora de reclamar las subidas que nosotros, desde la economía privada, debemos soportar financieramente. Porque si no recibimos unos servicios de calidad y, encima, nos resultan caros, pueden surgir voces que reclamen regulaciones de empleo en lo público, privatizaciones u otro tipo de medidas. Conflictos que pueden alimentar conflictos.
Ellos sabrán los riesgos que corren.