La corrupción es el mayor mal de las administraciones, un cáncer que con facilidad se metastiza y destroza toda la sociedad. Una administración pública corrupta es el principio del fin del Estado de derecho, de la sociedad democrática que salvaguarda los derechos de los más débiles, que somos la mayoría
Por todo esto, el caso de Ovidio Blanco en el Ayuntamiento de Gijón es singularmente peligroso. La primera reacción del gobierno social-comunista es acertada. Afrontan el problema de cara, no echan balones fuera ni culpan a medios de comunicación o conspiradores. Incluso van más allá y llevan los hechos a la fiscalía para determinar si hay responsabilidades penales. Perfecto.
Pero ahora deben ir más allá y constituir una comisión de investigación para depurar responsabilidades éticas y políticas. La alcaldesa de Gijón asegura que "nunca ha habido ninguna sombra sobre el Urbanismo gijonés". Puede que sea cierto, aunque en la calle se comenta lo contrario. Pero ahora sí las hay y, por eso, a Paz Fernández Felgueroso le corresponde aclarar las derivaciones éticas y políticas de lo sucedido.
¿Se usó información privilegiada? ¿Se podía haber evitado ese uso torticero? ¿Influyeron las operaciones de compra-venta en la planificación para Cabueñes? ¿Cómo puede suceder todo eso sin que el concejal de turno se entere? Son algunas de las preguntas que debe responder con tranquilidad, más allá de las posibles responsabilidades penales.