No sé qué hago en mis vacaciones. Cuando debería dedicarme a otras cosas mucho más interesantes, me asomo a la rabiosa actualidad para ver el anuncio del gobierno de España de crear un registro de empresas informativas. No es la primera vez que existe un registro en España. Sin forzar mucho la memoria, en el franquismo hubo un registro de medios informativos, que obligaba a que las cabeceras estuviesen dirigidas por periodistas titulados que, para ejercer, debían jurar y prometer los principios del Movimiento, los mismos que se enseñaban en las escuelas para que todo estuviese atado y bien atado.
Sin embargo, todos esos esfuerzos fueron baldíos. Las generaciones educadas en el nacionalcatolicismo unieron sus esfuerzos para lograr que España recuperase la democracia. Parece que nuestro gobierno no aprende de la historia. Los intentos para dominar la sociedad, propios de autócratas, dictadores y tiranozuelos se encuentran condenados al fracaso porque el espíritu humano necesita libertad, aspira a ella y la logrará. Más tarde o más temprano, pero la logrará, aunque sea de espaldas al Estado.
El gobierno, claro está, ha negado cualquier reminiscencia franquista en sus intenciones. Su actitud es tan lógica como falsa porque no es la primera vez que se inspira en el anterior régimen. Además, su justificación es absurda. Aseguran que se trata de conocer la propiedad y financiación de los medios de comunicación. Los más importantes de España (Prisa, V0cento, Atresmedia) cotizan en Bolsa, con las obligaciones de hacer públicas sus cuentas, donde se rastrean todos los datos que se quieran saber: desde la propiedad a la financiación. Las cuentas anuales se suben periódicamente a sus respectivas web. En el resto de casos, sus sociedades deben inscribir sus cuentas anuales en el Registro Mercantil, como cualquier empresa, además de rendir cuentas anuales a la Agencia Estatal de Administración Tributaria. ¿Le parece poco control al gobierno? Bueno, control, con las medidas actuales, no lo hay. Lo que existe es una información pública más o menos accesible y que donde se podría mejorar su transparencia dotando a los registros mercantiles de más medios para agilizar el acceso a la información.
O sea que la conclusión es evidente: el gobierno aspira al control de los medios. Queda saber si su modelo es la Ley Fraga o beben directamente de la normativa previa.
