Desde que Javier Fernández ejerce como secretario general de la Federación Socialista Asturiana, en sus discursos siempre asegura que su programa político corresponde a la idea de la socialdemocracia clásica. Nada que objetar, hasta la semana pasada, cuando la consejera de Bienestar Social, Pilar Rodríguez, presentó con todo boato lo que puede ser el inicio del giro socioliberal de los socialistas asturianos. O el descubrimiento del neoliberalismo puro y duro y sus privatizaciones.
El asunto es el siguiente. Los certificados de idoneidad para los padres que desean adoptar un niño acumulan meses de retraso, que, en ocasiones, son incompatibles con los trámites para la adopción internacional. Para agilizarlo, el Principado firma un convenio con los Colegios Oficiales de Psicólogos y Trabajadores Sociales para que, las familias que lo quieran, gestionen el permiso por la vía privada, previo pago de 1.000 euros. Aunque, ahora que lo pienso, podían dejarlo en 500 euros y los 500 euros del astur-cheque-bebé pagarlo directamente a los profesionales. Tal vez estos, conscientes de las demoras en los pagos, prefieren el dinero en mano.
Todo esto me inquieta. El estado, como responsable del bienestar de esos niños, reconoce su incompetencia para atender a las demandas de los ciudadanos, a los que no exime de pagar impuestos. Todo lo contrario, genera un nuevo camino que nos aleja de una sociedad igualitaria, sino que tendremos unas adopciones para ricos y otras para pobres, unos podrán pagar y saltarse la cola y otro no. Por no decir el tufillo que tiene: pagar por adoptar... El tiempo nos dirá si se trata de una medida accidental o no, si es una reacción desesperada ante una falta de proyecto sobre cómo debe ser lo público o no; si se extiende a otros servicios públicos o no. En cierta manera ya existen realidades semejantes en la medicina o la educación. Sólo falta que el consejero de turno salga y las bendiga.
El asunto es el siguiente. Los certificados de idoneidad para los padres que desean adoptar un niño acumulan meses de retraso, que, en ocasiones, son incompatibles con los trámites para la adopción internacional. Para agilizarlo, el Principado firma un convenio con los Colegios Oficiales de Psicólogos y Trabajadores Sociales para que, las familias que lo quieran, gestionen el permiso por la vía privada, previo pago de 1.000 euros. Aunque, ahora que lo pienso, podían dejarlo en 500 euros y los 500 euros del astur-cheque-bebé pagarlo directamente a los profesionales. Tal vez estos, conscientes de las demoras en los pagos, prefieren el dinero en mano.
Todo esto me inquieta. El estado, como responsable del bienestar de esos niños, reconoce su incompetencia para atender a las demandas de los ciudadanos, a los que no exime de pagar impuestos. Todo lo contrario, genera un nuevo camino que nos aleja de una sociedad igualitaria, sino que tendremos unas adopciones para ricos y otras para pobres, unos podrán pagar y saltarse la cola y otro no. Por no decir el tufillo que tiene: pagar por adoptar... El tiempo nos dirá si se trata de una medida accidental o no, si es una reacción desesperada ante una falta de proyecto sobre cómo debe ser lo público o no; si se extiende a otros servicios públicos o no. En cierta manera ya existen realidades semejantes en la medicina o la educación. Sólo falta que el consejero de turno salga y las bendiga.
