Revisar la emigración

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España tiene que revisar su política de emigración. Sin falta, con un consenso entre los dos grandes partidos para fijar unas normas de juego claras y que no generen polémicas estériles. 

El actual modelo es un fracaso. A los datos me remito. Es altamente ineficiente: se invierte un montón de dinero, pero la presión migratoria no se aminora y siguen llegando pateras.

Los emigrantes ilegales se hacinan en los llamados Centros de Internamiento que no hacen sino avergonzar al país; se alimenta la xenofobia y el mercado negro de trabajo, la economía sumergida.

Las únicas que ganan con el actual modelo son las mafias, que disfrutan de un buen mercado, al alza. 

Abordar un cambio no es una tarea sencilla por la propia complejidad del problema. Además de las repercusiones en la Unión Europea. Me atrevo a defender una liberalización de la frontera. Es decir, permitir la entrada y la estancia en el país de todas las personas que aparezca en la frontera perfectamente documentadas. En función del país de origen, se podrían solicitar otros requisitos por el interés general, como puede ser la cartilla de vacunación. Y la expulsión directa de quien entre sin documentación.

Los emigrantes podrían moverse libremente por España, pero sin acceder a otros países de la Unión Europea, salvo acuerdos específicos.

He comentado esta idea a alguna persona, pero me advierte del riesgo para la sostenibilidad de los servicios públicos, especialmente sociales y sanitarios. Estos últimos se limitarían sólo a cuestiones de urgencia, vitales. Respecto a los servicios sociales, estas prestaciones fijarían de manera general la obligatoriedad de un periodo mínimo de residencia fiscal, pagando impuestos. Serían derechos de ciudadanía, no universales.

Es una idea, con todas las imperfecciones del mundo y sujeta al debate; pero lo cierto es que el actual modelo de emigración se debe cambiar.