Reciclo basura desde que, siendo un adolescente, empezó el reciclaje en Avilés.
Más tarde, en mi piso de estudiante, depositaba los plásticos en una bolsa propia, al igual que el vidrio y el papel. En esos años, en el casco viejo de Pamplona aún no había recogida diferenciada y un amigo me preguntó por qué lo hacía si al final iría en el mismo camión que los demás residuos: "Para demostrar que se puede hacer. Y para no poder las buenas costumbres".
Este prólogo sirve para explicar mi sensación de estupor cuando leo que el Ayuntamiento de Gijón estudia implantar un gran hermano de la basura: a tirar con la tarjeta ciudadana para que cada pague según contamine, asegura un concejal.
No es la primera vez que leo tal intento. Hace años, ayuntamientos controlados por Bildu y EH intentaron hacer algo parecido y recuerdos las críticas de diarios como La Razón hablando de estado policial y control social.
Por lo visto, esa voluntad de dominio no conoce fronteras ideológicas.
Más allá de cuestiones legales, lo que me parece mal es ese intento del Estado de dictar lo que es políticamente correcto o no. El Estado está a mi servicio, es una organización de los ciudadanos. Si queremos reciclar o no es una cuestión nuestra. Ya se pagan los impuestos, la tasa de basura.
Van a comprobar la basura que yo tiro. Y lo siguiente, ¿qué será? ¿Medir el papel higiénico por si consumo en exceso y daño al saneamiento? ¿Autorización de las micciones para no sobrecargar el exceso de la red de tuberías?
Un poco de libertad, por favor.
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