Desde que Javier Fernández ejerce como secretario general de la Federación Socialista Asturiana, en sus discursos siempre asegura que su programa político corresponde a la idea de la socialdemocracia clásica. Nada que objetar, hasta la semana pasada, cuando la consejera de Bienestar Social, Pilar Rodríguez, presentó con todo boato lo que puede ser el inicio del giro socioliberal de los socialistas asturianos. O el descubrimiento del neoliberalismo puro y duro y sus privatizaciones.
El asunto es el siguiente. Los certificados de idoneidad para los padres que desean adoptar un niño acumulan meses de retraso, que, en ocasiones, son incompatibles con los trámites para la adopción internacional. Para agilizarlo, el Principado firma un convenio con los Colegios Oficiales de Psicólogos y Trabajadores Sociales para que, las familias que lo quieran, gestionen el permiso por la vía privada, previo pago de 1.000 euros. Aunque, ahora que lo pienso, podían dejarlo en 500 euros y los 500 euros del astur-cheque-bebé pagarlo directamente a los profesionales. Tal vez estos, conscientes de las demoras en los pagos, prefieren el dinero en mano.
Todo esto me inquieta. El estado, como responsable del bienestar de esos niños, reconoce su incompetencia para atender a las demandas de los ciudadanos, a los que no exime de pagar impuestos. Todo lo contrario, genera un nuevo camino que nos aleja de una sociedad igualitaria, sino que tendremos unas adopciones para ricos y otras para pobres, unos podrán pagar y saltarse la cola y otro no. Por no decir el tufillo que tiene: pagar por adoptar... El tiempo nos dirá si se trata de una medida accidental o no, si es una reacción desesperada ante una falta de proyecto sobre cómo debe ser lo público o no; si se extiende a otros servicios públicos o no. En cierta manera ya existen realidades semejantes en la medicina o la educación. Sólo falta que el consejero de turno salga y las bendiga.
El asunto es el siguiente. Los certificados de idoneidad para los padres que desean adoptar un niño acumulan meses de retraso, que, en ocasiones, son incompatibles con los trámites para la adopción internacional. Para agilizarlo, el Principado firma un convenio con los Colegios Oficiales de Psicólogos y Trabajadores Sociales para que, las familias que lo quieran, gestionen el permiso por la vía privada, previo pago de 1.000 euros. Aunque, ahora que lo pienso, podían dejarlo en 500 euros y los 500 euros del astur-cheque-bebé pagarlo directamente a los profesionales. Tal vez estos, conscientes de las demoras en los pagos, prefieren el dinero en mano.
Todo esto me inquieta. El estado, como responsable del bienestar de esos niños, reconoce su incompetencia para atender a las demandas de los ciudadanos, a los que no exime de pagar impuestos. Todo lo contrario, genera un nuevo camino que nos aleja de una sociedad igualitaria, sino que tendremos unas adopciones para ricos y otras para pobres, unos podrán pagar y saltarse la cola y otro no. Por no decir el tufillo que tiene: pagar por adoptar... El tiempo nos dirá si se trata de una medida accidental o no, si es una reacción desesperada ante una falta de proyecto sobre cómo debe ser lo público o no; si se extiende a otros servicios públicos o no. En cierta manera ya existen realidades semejantes en la medicina o la educación. Sólo falta que el consejero de turno salga y las bendiga.
Fernando, en el fondo, ahora estás cuestionando lo mismo que yo en el caso de las sociedades de gestión. En lugar de corregir los errores o solucionar los problemas, se busca un camino paralelo.
ResponderEliminarNo se comprende que las administraciones se hagan más pequeñas en cuestiones básicas -gestión de residuos, aguas, etc.- y aumenten en asesores externos y todo ello no sólo sin bajar impuestos, sino subiéndolos.
Discrepo de tu opinión. Defiendo la sociedad de gestión cuando la naturaleza de lo que va a gestionar (el ejemplo de La Curtidora, Nueva Centralidad o la Laboral)hace que su gestión directa desde la administración pública (Ayuntamiento, autonomía o administración central) sea muy complicada y la retrase. Además, las sociedades de gestión se somenten a los mismos controles y los sistemas de contratación que la administración pública.
ResponderEliminarEste caso es diferente: si no queréis esperar, aquí está la oferta privada y os cuesta 1.000 porque nosotros, con el dinero que os costamos, no podemos ser eficaces ni eficientes.
Joder, Fernando, leete otra vez, porque tu mismo lo dices, las causas son las mismas -la gestión administrativa no resulta ágil- y la solución idéntica, una "administración" aparte de la administración.
ResponderEliminarY la pregunta que queda en el aire, la misma, ¿cómo es posible que una entidad cuya función es administrar -que creo se llama así: Administración-, su propia naturaleza la invalide para hacerlo de forma eficaz? y una pregunta que se deriva de ésta, ¿no se arregla porque no se puede o porque no interesa?
Annie, eso es lo que dice el Principado para explicar la causa de la segunda vía. Igual lo expliqué mal, vete a saber. Y, a diferencia de las sociedades de gestión, se trta de trámites más sencillos y que la propia administración viene realizando. Desde que te has trasladado a Nevada estás más peleona.
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